El Procurador Fernando Carrillo anunció este lunes que abrío una investigación disciplinaria a los  miembros de la Junta Directiva de EPM, ejecutivos de esa empresa y funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA,  por la crisis en Hidrohituango que provocó una emergencia ambiental en el cauce del río Cauca al morir no menos de 50 mil peces.

"Los derechos de los pobladores son temas de altísimo interés para el país", indicó el jefe del Ministerio Público.

Dijo que la magnitud del daño generado en términos sociales y económicos y ambientales ameritaría para el Gobierno nacional la declaratoria de la emergencia ambiental, entendiéndose esto como un paquete de medidas.

Carrillo sostuvo que el Ministerio público considera que "sólo podrían ponerse en marcha, cómo es la recuperación y la restitución de derechos económicos sociales y ambientales, mediante medidas extraordinarias y para eso debería ser utilizada de emergencia ambiental".

"Aquí con medidas ordinarias y con curas menores no vamos a poder reparar el daño ambiental que se ha causado", advirtió sobre Hidroituango.

El viernes, la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Sociedades someter a vigilancia y control societario a Empresas Públicas de Medellín (EPM), teniendo en cuenta que habían suministrado información que, presuntamente, no se ajustaba a la realidad. 
 
En carta enviada al Superintendente Juan Pablo Liévano Vegalara, el Ministerio Público sostuvo que esta circunstancia amerita el inicio inmediato de las correspondientes investigaciones administrativas “previa práctica de visitas que conduzcan a adoptar las medidas que permitan subsanar las presuntas irregularidades en que hayan podido incurrir en desarrollo de su objeto social; y, de ser necesario, se adopte alguna de las medidas de intervención y se designe un agente interventor para estos efectos”.